Una controvertida propuesta federal que prohibiría a los estados y gobiernos locales regular la inteligencia artificial (IA) durante diez años está generando una intensa batalla política en Washington. Impulsada por influyentes legisladores republicanos y gigantes tecnológicos como OpenAI, la medida se enfrenta a una oposición sorprendentemente amplia que incluye a demócratas, numerosos republicanos, defensores de los derechos del consumidor e incluso competidores del sector de la IA. El destino de esta «moratoria» podría decidirse en cuestión de días, con implicaciones profundas para el futuro de la innovación y la protección ciudadana en Estados Unidos.
Una «moratoria de la IA» en el centro de la batalla legislativa
La propuesta, defendida por el senador Ted Cruz (R-TX), busca incluir una disposición en un gran proyecto de ley presupuestario del Partido Republicano, conocido extraoficialmente como el «Big Beautiful Bill». Esta cláusula prohibiría a los estados y municipios «[aplicar] cualquier ley o regulación que regule los modelos [de IA], los sistemas [de IA] o los sistemas de decisión automatizados» durante una década.
Los partidarios de la medida, entre los que se encuentran figuras de alto perfil como Sam Altman de OpenAI, Palmer Luckey de Anduril y el inversor Marc Andreessen, argumentan que es necesaria para evitar un «mosaico» de regulaciones estatales. Sostienen que un panorama legal fragmentado obstaculizaría la innovación estadounidense justo cuando la carrera tecnológica con China se intensifica. El plazo para incluir la moratoria en el proyecto de ley es la festividad del 4 de julio, lo que añade urgencia al debate.
Los argumentos a favor: innovación frente al «mosaico» regulatorio
La principal tesis de los defensores de la moratoria es que la diversidad de leyes estatales crearía un entorno operativo demasiado complejo para las empresas de IA, frenando su capacidad de desarrollar y desplegar nuevas tecnologías. Chris Lehane, director de asuntos globales de OpenAI, afirmó en una publicación de LinkedIn que «el actual enfoque de mosaico para regular la IA no está funcionando y seguirá empeorando». Lehane llegó a citar a Vladímir Putin, quien dijo que quien domine la IA «determinará el rumbo del mundo», para subrayar la importancia de la competencia con China.
Sam Altman, CEO de OpenAI, compartió una visión similar durante una grabación en directo del podcast Hard Fork. Aunque se mostró a favor de cierta regulación adaptativa para los mayores riesgos existenciales, advirtió que «un mosaico entre los estados sería probablemente un verdadero desastre y muy difícil para ofrecer servicios». Altman también cuestionó la capacidad de los legisladores para regular una tecnología que avanza a una velocidad vertiginosa.
Una oposición diversa: de demócratas a republicanos y expertos en IA
Los críticos de la propuesta forman una coalición inusualmente diversa. Abarca a la mayoría de los demócratas, grupos sindicales, organizaciones de seguridad de la IA y defensores de los consumidores. Argumentan que la moratoria dejaría a los ciudadanos desprotegidos frente a los daños potenciales de la IA, como la discriminación, el fraude o la desinformación, y permitiría a las grandes empresas tecnológicas operar con escasa supervisión.
Dario Amodei, CEO de Anthropic, una de las principales empresas competidoras de OpenAI, se ha convertido en una de las voces más críticas. En un artículo de opinión para The New York Times, calificó la medida de «instrumento demasiado contundente». Amodei advirtió: «La IA avanza a una velocidad vertiginosa (…) Sin un plan claro para una respuesta federal, una moratoria nos daría lo peor de ambos mundos: ninguna capacidad de actuación para los estados y ninguna política nacional como respaldo».
La oposición también proviene de un sector inesperado: los republicanos. Muchos legisladores de este partido, tradicionalmente defensores de los «derechos de los estados», ven la propuesta como una extralimitación del poder federal. El senador Josh Hawley (R-MO) está colaborando con los demócratas para eliminarla del proyecto de ley. La senadora Marsha Blackburn (R-TN) ha criticado la medida, y la representante Marjorie Taylor Greene (R-GA) ha llegado a amenazar con votar en contra de todo el presupuesto si la moratoria se mantiene. Además, según informa Axios, un grupo de 17 gobernadores republicanos ha pedido por carta al líder de la mayoría en el Senado, John Thune, que se retire la cláusula.
El impacto práctico: leyes estatales en peligro
Una moratoria federal de este tipo podría anular leyes estatales ya en vigor. Por ejemplo, la ley AB 2013 de California, que exige a las empresas revelar los datos utilizados para entrenar sus sistemas de IA, o la Ley ELVIS de Tennessee, que protege a los músicos de las suplantaciones de identidad generadas por IA.
También se verían amenazados proyectos de ley importantes que están a punto de ser aprobados, como la Ley RAISE de Nueva York, que requeriría a los grandes laboratorios de IA publicar informes de seguridad detallados.
Los críticos del argumento del «mosaico» señalan que las empresas ya cumplen con diferentes regulaciones estatales en muchos otros sectores. «Es algo que hemos oído desde el principio de los tiempos de la defensa del consumidor», declaró a TechCrunch Emily Peterson-Cassin, del grupo activista Demand Progress. «Pero la realidad es que las empresas cumplen con diferentes regulaciones estatales todo el tiempo. ¿Las empresas más poderosas del mundo? Sí. Sí, pueden hacerlo».
La polémica vinculación con los fondos para internet
Para que una disposición pueda incluirse en un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, debe tener un impacto fiscal directo. Para sortear este obstáculo, el senador Cruz ideó una maniobra legislativa: vincular el cumplimiento de la moratoria de IA a la recepción de fondos del programa Broadband Equity Access and Deployment (BEAD), dotado con 42.000 millones de dólares (unos 39.000 millones de euros).
Una revisión reciente del texto supuestamente limita este requisito a una nueva partida de 500 millones de dólares (unos 465 millones de euros) del programa BEAD. Sin embargo, un análisis más detallado del lenguaje sugiere que también podría amenazar con retirar fondos de banda ancha ya asignados a los estados que no cumplan. La senadora Maria Cantwell (D-WA) criticó duramente la maniobra, afirmando que «obliga a los estados (…) a elegir entre ampliar la banda ancha o proteger a los consumidores de los daños de la IA durante diez años».
¿Qué quieren los ciudadanos estadounidenses?
Políticos como Cruz y Thune defienden un enfoque de «mano suave» (light touch) en la gobernanza de la IA, afirmando que «todo estadounidense merece tener voz» en su futuro. Sin embargo, una encuesta reciente de Pew Research sugiere que la opinión pública podría ir en la dirección opuesta. El estudio reveló que alrededor del 60% de los adultos estadounidenses y el 56% de los expertos en IA están más preocupados por que el gobierno no regule la IA lo suficiente que por una regulación excesiva.
Próximos pasos: una decisión inminente
Actualmente, la propuesta está en un limbo. Aunque inicialmente superó una revisión de procedimiento, informaciones de medios como Punchbowl News y Bloomberg indican que las negociaciones se han reabierto. Se espera que el Senado debata intensamente las enmiendas al presupuesto esta semana, incluida una para eliminar la moratoria de la IA. Según Politico, una primera votación sobre el megaproyecto de ley podría tener lugar este mismo sábado, marcando un momento decisivo en la definición del futuro de la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos.
