Google parece abocada a perder su apelación final contra una histórica multa antimonopolio impuesta por la Unión Europea. La principal asesora jurídica del Tribunal de Justicia de la UE ha recomendado desestimar el recurso de la compañía, lo que acerca la confirmación definitiva de una sanción que actualmente asciende a 4.125 millones de euros (aproximadamente 4.500 millones de dólares). La decisión final, que se espera en los próximos meses, podría poner fin a una saga legal que dura ya más de seis años y que se ha convertido en un símbolo de la lucha de Bruselas contra el poder de las grandes tecnológicas.
Una recomendación que podría ser decisiva
El revés para el gigante tecnológico llegó en forma de una opinión no vinculante emitida por la Abogada General del TJUE, Juliane Kokott. En su análisis para el tribunal, Kokott concluyó que la argumentación del Tribunal General de la UE, que ya había confirmado en gran medida la sanción, era correcta y que el recurso de Google debía ser desestimado en su totalidad.
Aunque la opinión de un Abogado General no es una sentencia firme y los jueces del tribunal no están obligados a seguirla, en la práctica, sus recomendaciones se adoptan en la gran mayoría de los casos. Por ello, este dictamen se considera un indicador muy fiable del resultado final del litigio.
En su escrito, Kokott respalda la tesis de la Comisión Europea de que Google impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles para consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda. «Al exigir a los fabricantes que preinstalen Google Search y Chrome como condición para licenciar la Play Store, Google restringió la competencia», argumenta la Abogada General.
El origen del conflicto: ¿por qué se multó a Google?
Para entender la magnitud del caso, hay que remontarse a julio de 2018. En aquel momento, la Comisión Europea, liderada por la entonces Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, impuso a Google la mayor multa antimonopolio de su historia: 4.340 millones de euros (que en su momento equivalían a unos 4.700 millones de dólares).
La Comisión acusó a Google de abusar de la posición dominante de su sistema operativo Android, que funciona en más del 80% de los teléfonos inteligentes del mundo. Según Bruselas, la compañía utilizó tres prácticas ilegales para asegurarse de que el tráfico de los usuarios se dirigiera a su propio motor de búsqueda, en detrimento de sus competidores:
- Venta atada (Bundling): Google obligaba a los fabricantes de móviles (como Samsung, Huawei o Sony) a preinstalar sus aplicaciones Google Search y el navegador Chrome si querían tener acceso a la tienda de aplicaciones Google Play Store, una pieza esencial para que los dispositivos sean atractivos para los consumidores.
- Pagos por exclusividad: La investigación reveló que Google había realizado pagos a ciertos grandes fabricantes y operadores de redes móviles para que instalaran en exclusiva la aplicación de Búsqueda de Google en sus dispositivos.
- Obstrucción a la competencia: Google impedía activamente a los fabricantes vender dispositivos que funcionaran con versiones alternativas de Android no aprobadas por la compañía, conocidas como «forks de Android». Esto limitaba la innovación y el desarrollo de nuevos ecosistemas.
La defensa de Google y el largo camino judicial
Desde el primer día, Google ha negado las acusaciones. Su principal argumento ha sido que el ecosistema Android, lejos de ahogar la competencia, ha creado más opciones para todos y ha permitido a miles de fabricantes competir con gigantes como Apple. La compañía sostiene que sus requisitos eran necesarios para garantizar que el sistema operativo siguiera siendo gratuito para los fabricantes y para ofrecer una experiencia de usuario coherente y segura.
«Android ha creado más opciones para todos, no menos. Un ecosistema vibrante, una innovación rápida y precios más bajos son las señas de identidad clásicas de una competencia robusta», declaró un portavoz de Google tras la multa inicial.
Google recurrió la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, el primer nivel de apelación. En septiembre de 2022, este tribunal dio un veredicto mixto pero mayoritariamente favorable a la Comisión. Confirmó las acusaciones más graves, las relativas a la venta atada y la obstrucción de los «forks». Sin embargo, anuló la parte de la decisión relativa a los pagos por exclusividad. Como resultado, redujo ligeramente la multa, dejándola en los 4.125 millones de euros actuales. Insatisfecha, Google elevó el caso al TJUE, la última instancia posible.
Un panorama regulatorio que ya ha cambiado
Mientras la batalla legal seguía su curso, el panorama regulatorio en Europa ha evolucionado significativamente. En 2022, la UE aprobó la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), una legislación pionera diseñada para controlar el poder de las grandes plataformas tecnológicas, designadas como «gatekeepers» (guardianes de acceso).
Esta ley, que ya está en vigor, prohíbe explícitamente muchas de las prácticas por las que Google fue sancionada. Por ejemplo, ahora obliga a las empresas como Google a permitir que los usuarios elijan su motor de búsqueda, navegador o asistente virtual por defecto al configurar un nuevo dispositivo. De alguna manera, la DMA convierte en norma lo que la Comisión intentaba conseguir con este largo y costoso litigio.
¿Qué pasará ahora?
Con la opinión de la Abogada General sobre la mesa, solo queda esperar la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia de la UE, que se espera para mediados de 2024. Si los jueces siguen la recomendación de Kokott, la multa se confirmará de forma definitiva, obligando a Google a pagar una de las sanciones más cuantiosas de la historia empresarial.
Más allá del dinero, una sentencia final contra Google sería una victoria rotunda para la estrategia regulatoria de la Unión Europea y sentaría un precedente crucial. Reforzaría la idea de que tener un producto dominante no es ilegal, pero usar ese dominio para aplastar a la competencia sí lo es, un mensaje que resuena con fuerza en un momento en que los reguladores de todo el mundo observan de cerca el poder de Silicon Valley.
