El Gobierno de Dinamarca está sentando las bases de lo que podría convertirse en un hito mundial en la protección de la identidad personal en la era digital. En una medida sin precedentes, las autoridades danesas trabajan en una reforma de la ley de derechos de autor que permitiría a sus ciudadanos registrar su propio cuerpo, sus rasgos faciales y su voz como propiedad intelectual. El objetivo es claro y contundente: ofrecer una herramienta legal robusta para luchar contra la creación y difusión de deepfakes, los contenidos falsos generados por inteligencia artificial que suponen una amenaza creciente para la sociedad.
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Cultura, ya ha conseguido un apoyo multipartidista, lo que indica un consenso político sobre la urgencia de adaptar la legislación a los nuevos desafíos tecnológicos. Aunque todavía debe presentarse un proyecto de ley formal, la iniciativa posiciona a Dinamarca a la vanguardia de la regulación de la inteligencia artificial, apostando por empoderar al individuo con derechos directos sobre su propia imagen.
Una respuesta contundente a la era de la IA generativa
La rápida evolución de la inteligencia artificial generativa ha dejado obsoletas muchas de las protecciones legales existentes. Los deepfakes, que antes requerían conocimientos técnicos avanzados y una gran capacidad de computación, ahora pueden crearse con relativa facilidad, lo que multiplica los riesgos de su uso malicioso. Ante este panorama, el gobierno danés considera que las leyes actuales son insuficientes.
Jakob Engel-Schmidt, Ministro de Cultura de Dinamarca, expresó la filosofía detrás de esta audaz medida en declaraciones recogidas por The Guardian y citadas en un artículo de TechCrunch. «Con este proyecto de ley, estamos de acuerdo y enviamos un mensaje inequívoco de que todo el mundo tiene derecho a su propio cuerpo, su propia voz y sus propios rasgos faciales, algo que aparentemente la ley actual no protege frente a la IA generativa», afirmó el ministro.
Esta declaración subraya un cambio de paradigma: en lugar de perseguir únicamente los daños causados por un deepfake (como la difamación o el acoso), se busca atacar el problema en su origen, estableciendo que el uso no autorizado de la imagen o la voz de una persona es, en sí mismo, una violación de sus derechos de autor.
¿Qué son los ‘deepfakes’ y por qué son una amenaza?
Para entender la magnitud de la propuesta danesa, es fundamental comprender qué es un deepfake. El término es una combinación de deep learning (aprendizaje profundo) e fake (falso). Se refiere a contenido audiovisual —vídeos, imágenes o audios— que ha sido manipulado mediante técnicas de inteligencia artificial para crear una apariencia de realidad convincente. Por ejemplo, se puede superponer el rostro de una persona en el cuerpo de otra en un vídeo, o clonar su voz para que diga cosas que nunca ha dicho.
La tecnología subyacente, conocida como IA generativa, ha avanzado a un ritmo vertiginoso. Estos sistemas aprenden de ingentes cantidades de datos (fotos, vídeos) para poder generar contenido nuevo y original. Si bien tienen aplicaciones positivas en campos como el cine o los videojuegos, su potencial para el mal es enorme:
- Desinformación y manipulación política: Creación de vídeos falsos de líderes políticos para desestabilizar elecciones o generar conflictos sociales.
- Pornografía no consentida: Es uno de los usos más extendidos y dañinos, donde se inserta el rostro de una persona, mayoritariamente mujeres, en contenido sexual explícito.
- Fraudes y estafas: Clonación de la voz de un directivo para ordenar transferencias bancarias fraudulentas o suplantación de la identidad de un familiar para pedir dinero.
- Acoso y daño reputacional: Creación de contenido humillante o comprometedor para destruir la reputación de una persona.
La facilidad con la que se pueden crear y la dificultad para detectar su falsedad hacen de los deepfakes una de las amenazas más serias de la era digital.
El copyright como nueva arma de defensa personal digital
La propuesta danesa es revolucionaria porque aplica un concepto legal tradicional, el copyright o derecho de autor, a un ámbito completamente nuevo. Históricamente, el copyright protege obras creativas y originales, como un libro, una canción o una fotografía. El autor de la obra tiene derechos exclusivos sobre su reproducción y distribución.
Aplicar este concepto al propio cuerpo, rostro y voz es una idea radical. Significaría que cada individuo es el «autor» de su propia apariencia y, por tanto, ostenta los derechos de autor sobre ella. Si alguien utilizara su imagen o voz sin permiso para crear un deepfake, estaría cometiendo una infracción de copyright.
Este enfoque ofrece a las víctimas una vía legal mucho más directa y poderosa. En lugar de tener que demostrar el daño a su honor o la intención de difamar —lo que puede ser complicado y subjetivo—, solo tendrían que demostrar que su «obra» (su imagen) ha sido utilizada sin su consentimiento. Esto simplificaría enormemente los procesos judiciales y podría tener un fuerte efecto disuasorio sobre quienes crean y distribuyen este tipo de contenido.
Un enfoque distinto al de Estados Unidos
La iniciativa de Dinamarca contrasta notablemente con el enfoque que se ha adoptado en otros lugares, como Estados Unidos. Según detalla TechCrunch, varios estados de EE. UU. ya han aprobado leyes contra los deepfakes, pero estas tienden a ser más reactivas y específicas. Se centran en penalizar usos concretos considerados especialmente dañinos, como la interferencia en procesos electorales o la creación de pornografía no consentida.
Sin embargo, este mosaico de leyes estatales se enfrenta a una gran incertidumbre. El Congreso estadounidense está debatiendo una propuesta que, de ser aprobada, podría prohibir a los estados legislar sobre inteligencia artificial durante una década. Una medida así centralizaría la regulación a nivel federal, pero dejaría en el aire la efectividad de las protecciones ya existentes.
El modelo danés, en cambio, es proactivo y fundamental. No se limita a castigar los peores resultados, sino que establece un principio de propiedad sobre la propia identidad digital. Es una apuesta por los derechos individuales como primera línea de defensa, un enfoque que podría inspirar a otros países a la hora de diseñar sus propias regulaciones en un mundo cada vez más mediado por la inteligencia artificial. Mientras el proyecto sigue su curso legislativo, el debate que ha abierto ya resuena a nivel global.
