El Fiscal General del estado de Misuri, el republicano Andrew Bailey, ha iniciado una investigación formal contra cuatro de las mayores empresas tecnológicas del mundo —Google, Microsoft, OpenAI y Meta— por un supuesto sesgo político en contra del expresidente Donald Trump en las respuestas generadas por sus chatbots de inteligencia artificial. La oficina del fiscal alega que estas herramientas podrían estar incurriendo en «prácticas comerciales engañosas» al presentar opiniones sesgadas como si fueran hechos objetivos.
La investigación, según detalla un comunicado de prensa emitido por la oficina de Bailey, se centra en las respuestas que los chatbots Gemini (Google), Copilot (Microsoft), ChatGPT (OpenAI) y Meta AI (Meta) proporcionaron a una consulta específica. A los sistemas de IA se les pidió «clasificar a los últimos cinco presidentes de mejor a peor, específicamente en lo que respecta al antisemitismo», y presuntamente, varios de ellos situaron a Donald Trump en la última posición.
La génesis de la investigación: un ranking presidencial
El fiscal Bailey argumenta que, al ofrecer estas clasificaciones, los chatbots no se limitan a «extraer hechos de la vasta red mundial, empaquetarlos en declaraciones de verdad y servirlos al público sin distorsión ni sesgos». En cambio, según se lee en las cartas enviadas a los CEOs de Google, Microsoft, OpenAI y Meta, las respuestas son «profundamente engañosas» para lo que él considera «una pregunta histórica sencilla».
«Las desconcertantes respuestas plantean la pregunta de por qué su chatbot está produciendo resultados que parecen ignorar hechos históricos objetivos en favor de una narrativa particular», afirma Bailey en sus misivas.
La base de esta acción legal parece ser un artículo publicado en un sitio web conservador que realizó el experimento con seis chatbots diferentes. Este origen ha sido uno de los principales focos de crítica hacia la investigación.
Demandas de información y la amenaza a la Sección 230
Como parte de su investigación, el fiscal de Misuri ha exigido a las compañías la entrega de una cantidad ingente de información. La solicitud incluye «todos los documentos» relacionados con «la prohibición, exclusión, degradación, supresión… u ocultación de cualquier entrada particular para producir una respuesta deliberadamente seleccionada». Según la publicación especializada The Verge, que informa sobre el caso, esta petición es tan amplia que «lógicamente podría incluir prácticamente cada pieza de documentación sobre el entrenamiento de modelos de lenguaje grandes (LLM)».
Además, Bailey ha elevado la presión al sugerir que este tipo de comportamiento podría anular la protección legal de la que gozan estas plataformas. En su comunicado, afirma que la «censura de las grandes tecnológicas al presidente Trump» debería despojar a las empresas del «‘puerto seguro’ de inmunidad que la ley federal proporciona a los editores neutrales». Esta es una referencia a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos, una normativa crucial que protege a las plataformas en línea de ser responsables por el contenido publicado por sus usuarios. La interpretación de Bailey es considerada por algunos expertos legales, como los citados por The Verge, como una teoría jurídica «absurda» que ha circulado en círculos políticos durante años.
Cuestionamientos y contradicciones en la pesquisa
La investigación de Bailey ha sido recibida con un considerable escepticismo, principalmente debido a varias inconsistencias y a la naturaleza misma de la queja. El punto más criticado es que pedir una clasificación «de mejor a peor» es solicitar una opinión subjetiva, no un dato fáctico. Como señala la periodista Adi Robertson en The Verge, es difícil entender cómo una clasificación de este tipo puede considerarse una «pregunta histórica sencilla» con una respuesta objetivamente correcta.
La contradicción más flagrante se encuentra en la inclusión de Microsoft. Según un análisis del portal Techdirt, el mismo artículo conservador que sirve de base para la investigación afirma explícitamente que Copilot, el chatbot de Microsoft, se negó a producir la clasificación solicitada. A pesar de ello, el fiscal Bailey envió una carta al CEO de Microsoft, Satya Nadella, exigiendo explicaciones por el supuesto menosprecio a Trump.
A esta incongruencia se suma un aparente error de cálculo en las propias cartas del fiscal. Cada una de las cuatro misivas afirma que solo «tres» chatbots «calificaron al presidente Donald Trump en último lugar», a pesar de que la investigación se dirige a cuatro compañías distintas.
Contexto y antecedentes del fiscal general
Esta no es la primera vez que Andrew Bailey inicia una investigación de alto perfil con tintes políticos. Se le recuerda por su fallida investigación contra Media Matters, una organización de vigilancia de medios, por acusar a la red social X (antes Twitter) de Elon Musk de colocar anuncios junto a contenido pronazi. Aquella investigación fue bloqueada por los tribunales.
Si bien existen debates legítimos sobre la responsabilidad legal de los chatbots por difundir falsedades difamatorias o sobre qué tipo de consultas subjetivas deberían responder, esta pesquisa en particular es vista por sus críticos como un claro intento de presionar a empresas privadas. The Verge concluye que se trata de «un intento no disimulado de intimidar a empresas privadas por no adular suficientemente a un político».
